Comunicado de la CLOC-Vía Campesina Paraguay: ¡Viva la libertad de los compañeros presos injustamente durante 6 años en Tacumbú!

12/08/2018

Con la anulación de la sentencia en el caso de la masacre de Curuguaty (15/06/2012), donde fueron condenados 11 campesinas y campesinos y continuaban presos 4 de ellos –Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Rubén Villalba y Luis Olmedo– ratificamos nuestra postura inicial y mantenida durante todo el proceso, de que se estaba cometiendo una tremenda injusticia contra las y los imputados, que venían históricamente siendo víctimas también de un sistema económico retorcido que no les permitía acceder a su legítimo derecho a la tierra.

Ante esto, la respuesta del Estado ha sido la revictimización, acusándolos de homicidas, de asociación ilícita para delinquir y otras perversidades. Después de 6 años de encierro, nadie recuperará para ellos las pérdidas afectivas y el tiempo transcurrido, por lo que, con énfasis, insistimos en la liberación inmediata también de Rubén Villalba, que sigue en la penitenciaría nacional.

La enunciación de la libertad no nos satisface ni nos llama al silencio sobre el caso porque siguen intactas las causas fundamentales que posibilitaron la masacre. Consideramos que la tierra de Marinakue debe ser garantizada para las campesinas y los campesinos víctimas y familiares de víctimas de la masacre. Por extensión, no descansaremos hasta que todas y todos los paraguayos tengamos derecho al disfrute de la tierra propia para la vivienda y para la producción.

Repudiamos el comportamiento de la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público, que tienen la intención de que se perpetre un doble juzgamiento en el Caso Curuguaty. Con la anulación de la sentencia por parte de los camaristas de la Corte Suprema de Justicia, el caso queda finiquitado. Pero es de orden natural en este sistema corrompido que la Fiscalía, en la persona de Sandra Quiñónez, actúe como lo hace, buscando arremeter de cualquier forma posible contra la decisión de la Corte que ha procedido a derecho y según el sano e independiente juicio de los camaristas involucrados. No nos sorprende esta reacción de la Fiscalía General del Estado, sobre todo conociendo los frondosos antecedentes de Sandra Quiñónez, su titular, que la retratan como una figura anti-campesina y de abierta persecución al movimiento popular organizado.

En el mismo sentido, exigimos una investigación integral de la actuación de las fiscalas y los fiscales intervinientes en el Caso Curuguaty por ocultar pruebas y por llevar adelante una farsa judicial que terminó condenando a campesinas y campesinos inocentes sin demostrar ni la mínima voluntad de esclarecer la muerte de los campesinos, al contrario: violando el principio de presunción de inocencia, la Fiscalía los consideró autores de los hechos desde siempre.

Lamentamos profundamente la tergiversación de la naturaleza y las funciones con que el Ministerio Público fue establecido en la Constitución Nacional de 1992 que la ungió como “representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales”, pero que en la práctica resulta ser un organismo al servicio de una minoría bien identificada.

Continuaremos exigiendo además la libertad de todos los presos por luchar, presos de consciencia y presos de la Reforma Agraria que injustamente fueron acusados e imputados por un sistema judicial que debe ser saneado. Ante esta situación, bregamos porque en una futura reforma judicial lo primero a realizarse sea la reestructuración y cambio integral de las personas que detentan el cargo de fiscales, porque, así como lo vemos, el Ministerio Público es una institución que sirve para perseguir a los pobres, estén organizados o no.

La tierra, la justicia y la libertad de los presos políticos son reivindicaciones históricas del campesinado que solo serán posibles con una verdadera Reforma Agraria.

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