La Comisión de Familiares de las Víctimas de Marinakue, el Colectivo Nulidad Ya y el Congreso Democrático del Pueblo organizan una semana de actividades en el marco del aniversario de la masacre de Curuguaty. Del 10 al 15 del corriente se desarrollarán varias acciones en la “carpa de la resistencia”, como se bautizó al espacio ocupado por familiares de víctimas y otras personas solidarias en la plaza ubicada frente al Poder Judicial, en el barrio Sajonia.
A casi 5 años de la masacre de Marinakue en el distrito de Curuguaty –departamento de Canindeyú–, hecho que dejó 11 campesinos asesinados impunemente y 11 campesinos procesados y condenados por un tribunal parcialista y una investigación fiscal deficiente, los familiares de las víctimas y sobrevivientes siguen apostados frente al Palacio de Justicia de Asunción en precarias carpas de lona, pero inquebrantables por la dignidad y la resistencia.
La masacre se produjo el 15 de junio de 2012 cuando 300 policías de diferentes grupos operativos intentaron ejecutar un desalojo irregular a 60 familias sin tierra que estaban ocupando Marinakue, cercana a la localidad de Yvy Pytã. Esas tierras son fiscales, pertenecen a los sujetos de la Reforma Agraria, pero están siendo usurpadas por la familia Riquelme, por larga data terrateniente y la que propició la acción de desalojo que acabó en tragedia: 11 campesinos y 6 policías muertos por armas de fuego.
Por los hechos fueron condenados hasta por 35 años de pena privativa de libertad los campesinos, y ni un solo policía fue investigado y mucho menos procesado. Algunos incluso fueron premiados después de su actuación en este escenario con el ascenso a cargos más relevantes. Recordemos que esta matanza derivó en el golpe de Estado al gobierno de Fernando Lugo a través de una parodia de juicio político.
El pasado 29 de mayo, la Cámara de Apelaciones del distrito de Saltos del Guairá en Canindeyú ratificó las sentencias para los condenados –Rubén Villalba, Néstor Castro, Adalberto Castro, Dolores López, Fanny Olmedo, Luis Olmedo, Lucía Agüero, Carlos Tillería, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez y Alcides Ramírez–, considerados presos políticos de la Reforma Agraria. Agotadas las demás instancias, a nivel nacional solo resta recurrir a la Corte Suprema de Justicia para una revisión del caso; a nivel internacional, quedan los tribunales de derechos humanos.
Las organizaciones sociales y personas solidarias que acompañan esta lucha están indignadas, actualmente, porque el fiscal Jalil Rachid, acusador de los campesinos en el vergonzoso juicio oral que concluyó en 2016, es postulante a ocupar la Fiscalía General de la República. El pasado lunes, Rachid se presentó en audiencia pública ante los magistrados y fue duramente escrachado por compañeras del Colectivo Nulidad Ya. Ellas manifestaron que el Estado paraguayo ha sido denunciado por este cao ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que está estudiando el pedido para que se constituya una comisión independiente a fin de investigar lo ocurrido el día de la masacre.
Por otro lado, el martes 6 de junio se anunció, sin fecha definida, la audiencia preliminar para los integrantes de la Comisión de Familiares de las Víctimas de Marinakue, Darío Acosta, Martina Paredes, Mariano Castro, Rodolfo Castro y Roberto Ortega, quienes habían sido imputados por invasión de inmueble. La imputación obedece, más que nada, a una intención de amedrentar a los miembros de la comisión, al decir de Martina Paredes, quien perdió a dos hermanos en la masacre.
Desde la CLOC-Vía Campesina venimos acompañando este caso en el marco de la Campaña de Solidaridad y por la Libertad de las Presas y Presos Políticos y convocamos a otras articulaciones afines y organizaciones fraternas a sumarse al ejercicio de memoria, pedir “Tierra, Justicia y Libertad” para las víctimas de Marinakue y alentar el camino de la resistencia