Organizaciones indígenas y campesinas del Ecuador han planteado fuertes críticas frente a la gestión del Gobierno, en especial, contra algunos proyectos de extracción de recursos naturales (Ley minera, ITT), la concesión del agua y la falta de un diálogo serio con el Movimiento Indígena.
Pedro Quimbiamba, presidente de la Conferencia deSoberanía Alimentaria; Delfín Tenesaca, presidente de Ecuarunari; Luis Andrango, presidente de FENOCIN; y Silvia Salgado, presidenta de la Mesa de Fiscalización de la Asamblea Nacional, intercambiaron posiciones en torno a estos temas, en una rueda de prensa realizada hoy 23 de febrero en Quito.
Luis Andrango manifestó la gran preocupación desde las organizaciones sociales y populares del país, acerca de información que se está ventilando donde se dice que la intención desde el Gobierno es ceder en varios temas relacionados con el Agua. Entre estos está la concesión de Interaguas, el tema del fondo nacional de agua por la vida, la gestión pública y comunitaria del agua, y de las embotelladoras. Situación que significaría retroceder con lo que las organizaciones y el pueblo ecuatoriano ha ganado en el primer informe elaborado en relación al tema del agua.
Respondiendo a esta preocupación, las organizaciones campesinas, indígenas y afroecuatorianas del país han llegado a acuerdos colectivos que les permitan no sólo defender la Pachamama, sino también trabajar en unidad desde la diversidad. Entre los acuerdos también se mencionaron los siguientes: realizar la Cumbre Plurinacional e Intercultural por el Cambio Climático y los Derechos del Sumak Kawsay antes de participar en la Cumbre convocada por Evo Morales en Bolivia; y el respeto mutuo entre las organizaciones que hacen parte del Movimiento Indígena, con el objetivo de consolidar un proceso y una plataforma política más allá de la cercanía o la distancia el Gobierno actual.
“Creemos que hay temas fundamentales por defender dentro del movimiento campesino indígena y uno de los elementos claves es la Conferencia de Soberanía Alimentaria como un nuevo mecanismo para la elaboración de las leyes relacionadas a la Soberanía Alimentaria, no bajo esa lógica casi de informes de consultoría que ha dejado en detrimento la participación, y sobre todo la construcción de leyes que más allá de la legalidad tengan un consenso y un pacto social”, puntualizó Andrango, insistiendo en que ese es el llamado desde la unidad de los pueblos para exigir la profundización de los cambios en el Ecuador, en el marco del 2010 como año de la movilización por la Soberanía Alimentaria.
Los pueblos indígenas en Ecuador han hablado de la desprivatización del agua y precisamente por eso se han unido para evitar que ese líquido vital se quede en pocas manos. Frente a esta lucha, Delfín Tenesaca, ratifica que “Interaguas es de propiedad privada y no podemos permitir que mientras unas grandes empresas se queden con el agua, millones de gentes en todo el mundo están sin agua. Incluso aquí en este país. Nosotros estamos exigiendo que la nueva ley sea realmente para distribuir el agua equitativamente”. En cuanto a la concesión a Interaguas en Guayaquil, próximamente Ecuarunari, CONAIE, FENOCIN y las demás organizaciones que hacen parte de estos acuerdos, darán a conocer un documento conjunto que al parecer demuestra la ilegalidad y la ilegitimidad de Interaguas.
Frente a estos temas también se pronunció la asambleísta, Silvia Salgado, quien además preside la Mesa de Fiscalización de la Asamblea Nacional. “En mi condición de asambleísta y en representación de una gran mayoría nos hemos comprometido en la participación en la construcción de las leyes; en profundizar el debate del contenido y de las propuestas que hacen posible el cumplimiento de la nueva Constitución; y en la planificación de las acciones de las políticas públicas que vayan encaminadas a cumplir con el régimen de la Soberanía Alimentaria”
Asimismo, resaltó que no pueden “seguir permitiendo una inversión en el aire sino como parte del proyecto y de una planificación”. Y que se comprometen a “que en el segundo debate de la Ley de Aguas, se abran espacios de diálogo social que nos permitan debatir los puntos sensibles como los que se han expresado el día de hoy. A la par, que se reconozca la Conferencia de Soberanía Alimentaria como esa instancia de reconstrucción de las leyes”.
De otro lado, en la Rueda de Prensa también se mostró interés particular por la Cumbre Plurinacional e Intercultural por el Cambio Climático y los Derechos del Sumak Kawsay (18 y 19 de marzo), y por la Asamblea de la CONAIE (25 y 26 de febrero) donde se tomarán decisiones colectivas frente al contexto social del país. “Nosotros estamos considerando que los pueblos y las nacionalidades indígenas del Ecuador están luchando por la vida y por la defensa de la Pachamama, y ahí es donde nos oponemos nosotros a la Ley Minera, a la explotación petrolera del ITT y a todo lo que atente contra la Madre Tierra”, acotó al respecto Delfín Tenesaca.
De igual forma, Delfín Tenesaca, frente al diálogo con el Gobierno, explicó que “la suspensión no ha sido por los pueblos indígenas, sino por la falta de compromiso serio, honesto, transparente y decisivo del Gobierno. Nosotros hemos visto esto como una mesa para pasar tiempo, mientras avanza el proyecto de la Ley de Aguas, así haya habido algunas discusiones para la participación no se ha concretado… Nosotros queremos un diálogo serio y con autoridades decisivas, no con delegados. Nosotros aún no tenemos una convocatoria oficial donde diga que nos sentemos, solo hemos escuchado comentarios por los medios de comunicación que también queremos rechazar”.
Al finalizar la Rueda de Prensa, Ecuarunari dejó muy claro que no son ellos los que están insistiendo en el diálogo con un Gobierno que no responde a los compromisos, que el 18 y 19 de marzo se tomarán decisiones en consenso con las organizaciones sociales, nacionalidades y pueblos, y allí se definirá sobre qué base política y quiénes van a estar en ese diálogo.