Honduras: El Gobierno viola Declaración de los Derechos de los Campesinos adoptada  por la ONU

Bajo Aguán, 30 de Noviembre 2018: Unos 300 elementos de la Policía y el ejército desalojaron la mañana de 28 de noviembre a las familias de la Empresa Asociativa Campesina  Unidos Lucharemos de 78 hectáreas de tierra ubicada en la comunidad de Luzón Palmeras del municipio de Saba, departamento de Colón.

La acción de desalojo se realizó entre la 1:00 y 2:00 de la tarde, luego que la policía y el ejército  llegaran de manera amenazante, dirigiéndose hacia las familias campesinas que desalojaran un área de las 115 manzanas en la cual han permanecido por más de siete años, la que han trabajado con el desarrollo de proyectos de hortaliza, granos básicos y otros para la subsistencia de las familias campesinas que ocupaban la tierra. El juez ejecutor del desalojo es Oscar Armando   Alvares Amaya de la Ceiba.

Este desalojo fue ejecutado a pesar de no existir una resolución del Consejo Nacional Agrario porque aún sigue revisándolo, lo que evidencia  el claro abuso de autoridad de la Juez Soe Guitarro de quien se conoce por tener interes económicos y parentesco con los supuestos reclamantes de la tierra, esta acción ilegal viola el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a la vivienda etc, de las familias campesinas.

La Empresa Campesina de Producción Unidos Lucharemos la conforman 28 familias campesinas;  un total de 140 personas entre hombres mujeres y niños que ocupan 115 manzanas de tierras  desde el año 2011, desde entonces  han producido la tierra con la siembra de plátano, maíz, frijoles, yuca  y palma africana para la soberanía alimentaria de las familias, además se encuentran en un  proceso de siembra de naranjo, caoba e iniciando con un proyecto de ganado y cerdo, en total tiene una inversión de al menos 14 millones de lempiras que han trabajado sin ningún apoyo estatal.

Desde hace algunos años  el Estado a traves del director del Instituto Nacional Agraria (INA), Ramón Lara se puso en marcha una estrategia para el despojo de la tierra a familia campesinas, en junio del 2017 por instrucciones  del director de INA,  se ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unidos Lucharemos, se logró detener esta estrategia por la presión mediática y las denuncias de los y las defensoras de la tierra.

El 21 de febrero 2018, unos  250 elementos de la policía y el ejército bajo la orden del sub comisionado de la Policía Héctor Turcios Fernández, pretendían desalojar las familias campesinas con una orden de desalojo falsa y claro abuso de autoridad de la Juez de los Juzgados de Tocoa Soe Guifarro quien obedece a intereses económicos y parentescos familias con los sus reclamantes de la tierra.

Pese a los convenios y tratados internacionales de las Naciones Unidas (ONU), de la cual Honduras es suscriptor, el Estado a traves del gobierno viola derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la alimentación, a la vivienda, lo contribuye al incrementa en el índice de pobreza, desigualdad, migración forzada etc, violando la “Declaración de Derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales” de la Naciones Unidas adoptada el 28 de septiembre, en el marco del 39° encuentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Finalmente la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán exigió al Gobierno el respeto a la posesión de la tierra y el cumplimiento de la “Declaración de Derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales” que les asiste como sectores campesinos organizados, defensores de la tierra y los recursos naturales.